El plan del sector da de plazo hasta 2016 para dotar de más recursos a los municipios con población flotante
ARTURO RUIZ Benidorm sí que contará con mayor financiación del Estado para poder relanzarse como destino turístico. Eso sí, deberá esperar algún tiempo. El plan integral del sector que el Gobierno Central está preparando, y cuyo borrador se presentará en breve, incluye mejorar los recursos para que municipios como el de la capital de la Costa Blanca sean declarados "turísticos" y por lo tanto puedan mejorar los servicios públicos que prestan al aluvión de población flotante que reciben durante todo el año. Ahora bien, el propio plan cataloga ese objetivo como de "largo plazo", esto es, a cumplir durante la presente legislatura 2012-2016. Tal y como publicara ayer este diario, el Ayuntamiento de Benidorm quiere, por el contrario, que después de tanto años de espera esa mejora en la financiación sea "prioritaria": así se lo hizo saber el edil de Turismo, el socialista Juan Ángel Ferrer, a la consellera de Turismo, Lola Johnson, durante el consejo autonómico del sector celebrado el pasado miércoles.
El PP en cambio no entiende las prisas del gobierno local de Benidorm. El portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Agustín Almodóbar, tildó de "vergonzoso" que Ferrer y el ejecutivo socialista del Ayuntamiento realicen ahora esas reclamaciones "cuando durante la pasada legislatura desaprovecharon la oportunidad de ejercer presión sobre el grupo del PSOE en el Congreso para que Benidorm obtuviera el rango de municipio turístico". Almodóbar recordó que fue él quien presentó entonces una iniciativa en la Cámara Alta a la que se opuso el PSOE a pesar de que en sus filas militaba Leire Pajín, también oriunda de Benidorm. No obstante, aquella propuesta salió adelante en la Cámara Alta gracias al apoyo de otros grupos políticos pero fue bloqueada por la mayoría socialista en su posterior tramitación en el Congreso.
Ahora que el PP manda en Madrid -tanto en el Gobierno como en las dos cámaras-, el "compromiso" según Almodóbar es que por fin Benidorm obtenga más financiación para mejorar las infraestructuras, los servicios y las dotaciones de seguridad que presta a sus turistas. Ahora bien, "las cosas hay que hacerlas bien", añadió Almodóbar. Es decir, que requieren tiempo. Benidorm no podrá ver cumplido su anhelo este mismo año, tal y como desea su Ayuntamiento, porque para que pueda cumplirse lo estipulado en el plan integral es necesario estudiar una serie de modificaciones legales: o bien, a través de un cambio de la actual Ley de Haciendas Locales -tal y como intentó sin éxito el propio Almodóbar durante la pasada legislatura- o bien redactando una nueva ley de Municipios Turísticos. En ambos casos, el objetivo será el mismo: que aquellas ciudades que alcancen un número de pernoctaciones y de plazas hoteleras significativas tengan derecho a recibir una financiación extra del Estado. Hasta ahora, sólo tienen derecho a la misma aquellas localidades de más de veinte mil habitantes que posean más de un 50% de sus viviendas dedicadas a la segunda residencia, algo que no cumple la capital de la Costa Blanca.
El Consistorio de Benidorm aspiraba a acelerar los trámites para su declaración como turístico por una segunda cuestión más urgente: tras no haber podido aprobar su plan de ajuste -tumbado por PP y Liberales-, ahora deberá dedicar las transferencias que anualmente recibe del Estado a pagar su fenomenal deuda a los proveedores. Al respecto, Almodóbar fue tajante: "lo que no se puede esperar es que desde fuera te vengan a solucionar el caos que tienes en casa". De cualquier modo, ratificó su compromiso de defender en Madrid los intereses de la ciudad: "los 25 concejales de la corporación deben saber que tienen en mí al mejor embajador".
Por otro lado, el plan integral del Ejecutivo contempla otra vieja aspiración del sector. Y éste es, además, a cumplir a corto plazo, con una ejecución máxima de un año: promover el cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que ésta identifique la figura de "vivienda turística" y la diferencie de aquellos apartamentos que funcionan de forma alegal ejerciendo la competencia desleal, y que según datos del Gobierno suponen el 30% de la oferta total en España. La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur) lleva años reivindicando esa variación legal, que permitiría perseguir y sancionar las plazas alegales.
El borrador del plan también incluye la modificación de la Ley de Costas que combine la preservación de las viviendas ya consolidadas en el litoral con el respeto al medio ambiente; una línea de crédito ICO para promocionar tanto a las jóvenes emprendedores como a las pequeñas y medianas empresas turísticas; la promoción de los mercados emergentes, con una especial atención a un emisor tan prometedor como es Rusia, intentando además agilizar la demanda de visados de turistas procedentes de ese país; o la armonización de las normativas turísticas de las diferentes administraciones para que por ejemplo se igualen los requisitos de los hoteles para obtener estrellas en las diferentes comunidades autónomas.
Fuente: Diario Información 13/04/2012
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